Urgencia Legislativa en América Latina – FONDECYT Regular No. 1211663
¿Cómo afecta, la prerrogativa de urgencia, a la negociación de legislación entre las ramas de gobierno? ¿Por qué, con qué frecuencia y bajo qué condiciones los presidentes usan la autoridad de urgencia? Cuando la prerrogativa es aparentemente intrascendente (es decir, cuando no cumplir con los plazos no tiene consecuencias aparentes), ¿por qué los presidentes todavía la usan? Dados los aspectos procesales ligados a las urgencias en Chile, ¿se asemejan otros casos a este?
La autoridad de urgencia, que en los Estados Unidos se llama autoridad fast track, se limita allí a la consideración de Tratados Comerciales. Bajo la vía rápida, los acuerdos comerciales están bajo «procedimientos legislativos acelerados», que suspenden los procedimientos ordinarios en el Congreso y, una vez que los acuerdos comerciales llegan al pleno, solicitan una votación a favor o en contra dentro de un corto período de tiempo. La discusión en la política estadounidense gira en torno a esta consecuencia procesal. En América Latina la literatura ha desestimado las consecuencias procesales de las prerrogativas de urgencia quizás porque las constituciones latinoamericanas guardan silencio al respecto. Pero en Chile, como analizan Magar, Palanza y Sin (2021), las reglas permanentes del Congreso exigen una regla cerrada para la consideración de proyectos de ley urgentes (Soto, 2015).
Esta investigación busca obtener una mejor y más detallada comprensión de la autoridad de urgencia en América Latina, su uso, sus determinantes y sus consecuencias. Su objetivo es explicar las condiciones bajo las cuales los proyectos de ley se marcan como urgentes, los efectos procesales de la prerrogativa y las consecuencias de la calificación de urgencia para los resultados legislativos. Propone hacerlo analizando los casos de siete países individuales, pero también adquiriendo una perspectiva comparativa.
Valeria Palanza 